Fuente: campaña del Ministerio de Igualdad
Era el 4 de diciembre de 1997 cuando Ana Orantes introdujo el terror de la violencia machista en los hogares andaluces con su participación en el programa De tarde en tarde, que presentaba Irma Soriano. “Él venía borracho y me daba una paliza porque el vaso estaba boca abajo, o porque la silla tenía que estar en otro sitio ya tenía los palos encima”, relató la granadina al compartir cuatro décadas de infierno. Solo 13 días después de su aparición en televisión, José Parejo la asesinó. El caso produjo una conmoción. Con los años, Ana Orantes no solo se transformó en un símbolo, sino que contribuyó a impulsar las reformas legislativas que convirtieron a España en pionera en la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia en el ámbito de la pareja o expareja y en un referente a nivel europeo.
En diciembre de 2004, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó con mayoría absoluta el proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma cumple 20 años. Entre otras muchas entidades y ámbitos, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha acogido las Jornadas “20 años de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, con el objetivo de reflexionar sobre la aplicación de la Ley, desde una perspectiva multidisciplinar.
Más allá de las medidas concretas, la Ley supuso un salto cualitativo al reconocer por primera vez que la violencia de género no es algo “que afecte al ámbito privado”, sino que es “el símbolo más brutal de la desigualdad” entre hombres y mujeres y se produce sobre ellas “por el mismo hecho de serlo”, según su preámbulo.
Nombrar la violencia de género permitió reconocer su carácter estructural
Esta denominación es un avance importantísimo porque permite vislumbrar la razón estructural que hay detrás de la violencia machista: es consecuencia de un sistema cimentado sobre la desigualdad y la infravaloración de las mujeres y el asesinato es la máxima expresión de esta violencia. Ese enfoque ha ido calando, no sin resistencias. El miedo persiste, pero la violencia contra las mujeres salió de las casas hasta la calle y, poco a poco, se producen cambios que no solo tienen que ver con leyes, aunque traducen -también- su respaldo.
La norma, que recogió aportes de numerosas expertas y organizaciones de mujeres, desarrolló un completo sistema de protección y atención a las víctimas a través de juzgados especializados, ayudas sociales y laborales o servicios de atención psicológica, información y asesoramiento. Aunque, como más tarde sucedería con otras legislaciones y políticas públicas -por ejemplo, la Ley del solo sí es sí- se tienda a enfatizar la parte penal, el enfoque fue integral.
A partir de la Ley de 2004 las instituciones asumen la obligación de recopilar datos específicos de denuncias, sentencias, órdenes de protección y, finalmente, de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas: 1.285 desde 2003. Si tomamos la estadística anual, en los últimos 20 años la cifra de asesinadas en el marco de relación de pareja ha descendido un 20 por ciento.
El 016, el teléfono de atención a víctimas que funciona 24 horas todos los días, el Sistema VioGén -creado en 2007-, con el que la Policía hace la valoración del riesgo de las víctimas y su seguimiento, o las conocidas como “pulseras de control” para maltratadores, son mecanismos desarrollados a partir de la Ley que en su momento fueron muy novedosos, aunque a lo largo de estos años han sido objeto de crítica y han necesitado la implementación de mejoras. Las condiciones laborales y la cualificación de quienes atienden los recursos no siempre han sido las adecuadas. Se hace imprescindible la revisión de fallos en la “respuesta coordinada” porque los casos de mujeres que habiendo denunciado la violencia han sido asesinadas se han producido de manera reiterada, año tras año.
A pesar del enfoque integral de la Ley, ha primado la parte penal
Uno de los principales problemas del texto de 2004 es que hace de las denuncias de las mujeres el principio en torno al que gira la ley. A partir de la denuncia se abre el proceso judicial que aparece como la vía de resolución del problema, y es también el requisito para beneficiarse de las medidas económicas, laborales, para acceder a los recursos y servicios de asistencia que se contemplan. Además, la ley se centra en la punta del iceberg: las mujeres que se encuentran en situación extrema que son las que más denuncian, algo que sin duda urge resolver, pero que no puede obviar los problemas de otra buena parte de las mujeres que han sufrido o sufren malos tratos. ¿Qué sucede con las mujeres que prefieren buscar una solución por una vía distinta a la judicial?
Aunque esta mirada ha virado con el tiempo y se abrieron otras puertas a la protección más allá de la denuncia, todavía hoy se insiste a las víctimas de violencia que denuncien, pero la sobrecarga de los juzgados de violencia sobre la mujer es una constante y para las mujeres, muchas veces los juzgados son una verdadera tortura. En cualquier caso, Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, destaca que, desde 2013 hasta septiembre de 2024, se ha producido un incremento de más de un 55 por ciento de casos activos en el Sistema VioGén, que coordina la protección de las víctimas: de 64.000 casos activos a 99.644. “Son cifras elevadas que nos indican hasta qué punto la violencia machista es un problema estructural y enorme”, afirma.
Apenas el 2 por ciento de las denuncias son presentadas por el entorno de la víctima, desde familiares a personas allegadas. Y la cifra permanece prácticamente igual a pesar de las campañas de concienciación. Es, tal vez, uno de los datos que mejor resume el problema de fondo, el machismo que se perpetúa en la sociedad y que tiñe de estereotipos la mirada de todos y todas.
Con la Ley, también los medios de comunicación se vieron obligados a transformar sus dinámicas a la hora de informar sobre violencia de género. En estos años hemos asistido a una visibilización de la violencia machista sin precedentes por parte de la prensa. Sin embargo, esta cobertura que sacó la violencia de género de las casas al escenario público no siempre se ha ejercido desde los parámetros éticos adecuados. Aunque es destacable el surgimiento de figuras como las editoras o jefas o corresponsales de género en distintos medios y el compromiso social de muchas profesionales en las redacciones, lo cierto es que los y las periodistas necesitan formación especializada que todavía no está incorporada en los planes de estudio. Ya no es habitual encontrar titulares del tipo “una mujer muere…” y cuando aparecen, la sanción es instantánea y mayoritaria. Pero como dice Magda Bandera, directora de La Marea e impulsora del interesante proyecto de investigación periodística sobre crímenes machistas PorTodas, “nos hemos esforzado tanto en no ser sensacionalistas que a menudo somos demasiado asépticas, necesitamos dar contexto, estadísticas, datos, pero también necesitamos relatos que humanicen”.
Fuente: campaña del Ministerio de Igualdad
Un referente internacional
En 2014 España fue premiada por ONU Mujeres, World Future Council y Unión Interparlamentaria por la Ley Integral contra la Violencia de Género. Estas instituciones consideraban que la Ley española es una de las más eficaces normas a nivel mundial para combatir y erradicar la violencia sexista, a la que califican como una de las formas más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
Numerosos países se han interesado en estos veinte años por conocer el sistema recogido por la ley integral contra la violencia machista aprobada por el Parlamento español, en el que se han inspirado para desarrollar sus propios ordenamientos legislativos y redes de recursos de atención y protección a las víctimas.
Carencias y puntos débiles
La Ley está muy bien, pero 20 años después sigue sin cumplirse completamente y no se han destinado los recursos necesarios para su implementación. Desde el comienzo fue evidente la ausencia de una memoria económica que garantice un compromiso presupuestario acorde con el coste que supone llevar a la práctica algunas medidas y recursos que la normativa contempla. En estos días de evaluación, juristas como Laia Serra recuerdan que el acceso a ciertas medidas e instrumentos de protección sigue siendo difícil para algunas mujeres, en parte porque todavía demasiados profesionales del derecho no entienden ni comparten el enfoque de esta ley, provocando en muchos casos que las víctimas sufran violencia institucional y desconfíen del sistema. Demasiadas profesionales siguen atendiendo a las víctimas con prejuicios y creencias que impiden creerlas y protegerlas.
No se ha cumplido tampoco lo previsto en materia de educación, como la eliminación de los estereotipos sexistas del material educativo, la formación permanente al profesorado en materia de igualdad y coeducación, garantizar que cada centro contara con una persona para implementar y dinamizar el programa educativo en esta materia, y proporcionar una actuación sistémica del sistema educativo.
Pero, además, hay puntos débiles en la misma Ley, que han sido señalados por las especialistas y que en algunos casos han dado lugar a nuevas legislaciones, teniendo la norma de 2004 como marco. La protección a mujeres inmigrantes, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular y que cuentan, además con una tasa de sobrerrepresentación en las estadísticas de maltrato y asesinatos. La violencia sexual en el ámbito de la pareja, que tuvo que esperar a 2021, cuando fue aprobada la Ley del solo sí es sí, con el consentimiento como eje, para ser abordada de manera específica, a pesar de su prevalencia: la Macroencuesta de 2022 recoge que, del total de mujeres residentes en España de entre 16 y 74 años y que han tenido pareja alguna vez en su vida, el 6,7 por ciento (1.125.849) ha sufrido violencia sexual en el ámbito de la pareja, en algún momento de su vida. Y la atención a los y las menores.
Los hijos y las hijas menores de edad víctimas mortales por violencia en la pareja o expareja fueron recogidos en las estadísticas a partir de 2013. Desde entonces, hasta octubre de 2024, ha habido 63 menores de edad víctimas mortales. El Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa señaló en su primera evaluación las “deficiencias” en España para garantizar “la seguridad de las mujeres y los niños” víctimas de violencia de género a la hora de decidir las custodias o regímenes de visitas, algo que también fue evidenciado por la ONU, que señaló al sistema judicial español por no proteger a los y las menores de “padres abusivos”. Según informa el Ministerio de Igualdad, en 2024 se ha celebrado la segunda ronda de evaluación y, cuatro años
después de ese primer informe, el GREVIO ha valorado positivamente los avances producidos en España en lo que respecta a la prohibición del falso “síndrome de alienación parental”.
Además, en este segundo informe, el Consejo de Europa ha reconocido los esfuerzos de España en lo que respecta a la ampliación de los recursos para atender a todos los tipos de violencia contra las mujeres, según indica el Convenio de Estambul, que el Estado español ratificó en 2011. Entre otras cuestiones, se han ampliado los servicios de atención como el 016 a otras formas de violencia machista y comenzaron a contabilizarse todos los feminicidios en enero de 2022. Las jornadas que se han celebrado en la UCM, impulsadas por la Unidad de Igualdad, han tenido como objetivo general reflexionar sobre la aplicación de la Ley, desde una perspectiva multidisciplinar, proporcionando las herramientas necesarias para comprender los avances conseguidos su aplicación y los aspectos que deben ser modificados para dar una respuesta adecuada, que cumpla con la finalidad de protección y reparación de las víctimas de violencia de género, así como acciones para la prevención en diversos ámbitos.
La revista Iguales&Diferentes ha tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las expertas que han intervenido en estas jornadas.
