No se empieza a visibilizar la violencia que sufrían las mujeres por parte de sus parejas o exparejas varones hasta los años 70 del siglo pasado. Es con la llegada del feminismo radical y sus grupos de autoconciencia cuando se comienza a hablar de lo personal, de lo más íntimo, de lo que le contarías a tu amiga en un susurro.
De este movimiento social, nace en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, más conocida como la CEDAW, aunque aún habría que esperar veinte años más para que la lucha contra las violencias comenzase a tomar verdadera fuerza en las instituciones internacionales. Es la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y su Declaración y Plataforma de Acción Beijing, la que sienta las bases que orientan las legislaciones actuales en materia de violencia contra las mujeres.
Estas convenciones, declaraciones, plataformas de acción, incluso las propias leyes de los estados (todas ellas necesarias), están llenas de reconocimiento de derechos para las víctimas. Sin embargo, la pregunta que yo me hago incisiva y constantemente es ¿qué viene después de contarle a tu amiga, a tu madre, a una policía o a una jueza lo que te ha pasado?
El otro día me encontraba una publicación en el Instagram de Editorial Imperdible que contenía el siguiente recorte de prensa:
En Gasteiz, el 1 de marzo de 1986 un grupo de 30 mujeres se encerraba durante dos horas en las oficinas de Bienestar Social del Ayuntamiento. Pedían una solución para la situación de una mujer de 22 años que había tenido que salir urgentemente de su casa amenazada con arma de fuego por su marido. La mujer, tras una semana de huida, no tenía respuesta por parte de la asistencia social. Este grupo de mujeres venía reclamando la creación de una casa refugio para mujeres maltratadas en la ciudad ante la falta de servicios públicos para estas situaciones.
Actualmente, y tras la LOMPIVG, la organización de los recursos públicos especializados en atención integral de la violencia de género es competencia de las autonomías. Esto significa que, a pesar de tener que responder a unos principios de actuación comunes marcados por la ley, cada Comunidad y Ciudad Autónoma decide como gestionar sus propios recursos. Y yo jamás expresaré públicamente mis dudas sobre que esta gestión pueda verse afectada dependiendo de quien gobierne.
Pero bueno, volviendo al quid de la cuestión. Lo realmente importante aquí es comprender que la buena organización de estos recursos es la clave para una recuperación integral de las víctimas. En ocasiones estos servicios se centran más en la información, la asistencia jurídica (a veces no especializada), las ayudas económicas (escasas), la acogida residencial (limitada y destinada a casos extremos) o la inserción laboral y (des) atienden (por muchos motivos) la propia intervención per se con las víctimas.
Sin embargo, esta intervención es la base del proceso de recuperación integral y debería ser la pieza angular sobre la que organizar el resto de servicios. Si el Estado y/o las Comunidades y Ciudades autónomas no la cuidan, no se podrá garantizar una verdadera salida a la violencia de género.
