Desde 2007 inició la lucha de un grupo de mujeres colombianas, integrantes de la asociación Asomontes, para obtener una vivienda con las condiciones básicas de habitabilidad, pues se encuentran vulnerables y desprotegidas por el gobierno, lo que pone en jaque su salud.
Un grupo de mujeres del municipio de María La Baja, en la costa caribeña de Colombia, exigen el acceso a una vivienda digna que vele por sus derechos y cuide de su salud física y emocional, pero su condición se mantiene igual desde el 2007 cuando decidieron alzar la voz. Muchas de estas mujeres se asentaron en dicho municipio al tener que enfrentarse al desplazamiento forzado de su lugar de origen por el impacto de los conflictos armados y el paramilitarismo.
Su derecho a una vivienda digna se ve transgredido, pues, en la mayoría de los casos, las familias viven en casas con suelo de tierra y con espacios improvisados para sus necesidades básicas. Es así que estas mujeres, que se han convertido en cabezas del hogar, fundaron Asomontes, una asociación creada por mujeres víctimas del desplazamiento forzado, cuya cifra, actualmente, asciende a 7,7 millones, según un informe de la Comisión de la Verdad, un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), para conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado colombiano entre 1985 y 2019.
“Hemos sido desplazados de los Montes de María por el conflicto armado. Yo perdí en esa tierra dos hijos varones. En esas tierras perdimos todo.” Silvia Rosa Barrios
“Hemos sido desplazados de los Montes de María por el conflicto armado. Yo perdí en esa tierra dos hijos varones. En esas tierras perdimos todo. Teníamos animales de carga, sembrados grandes, cría de gallinas, de cerdo y lo perdimos. Perdimos hasta el vestir porque no sacamos nada», afirma Silvia Rosa Barrios integrante de Asomontes, durante las entrevistas testimoniales reunidas por la ONG independiente, Movimiento Por la Paz, donde se pone de manifiesto la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales a la población de los Montes de María.
Desde el 2007 estas mujeres iniciaron un proceso organizativo para mejorar la atención sanitaria, conseguir viviendas dignas y espacios comunitarios. En septiembre de ese año recibieron un proyecto de vivienda de interés social y rural financiado por un banco y en el que participaba el gobierno, pero nunca se concretó. No se detuvieron ahí, ya que, acompañadas por el Instituto Latinoaméricano para una Sociedad y un Derecho Alternativo (ILSA), iniciaron una tutela judicial y, finalmente, en 2019 el Tribunal Administrativo de Bolívar saldó con una sentencia de acción popular en el que amparaba los derechos colectivos a la vivienda y una infraestructura de servicios que garantizaran la salubridad pública de la población. Sin embargo, hasta la fecha la sentencia no ha sido suficiente, porque sus derechos no han sido garantizados y permanecen en la vulnerabilidad y en el olvido.
“Nos tienen abandonados porque este proyecto de vivienda tiene tanto tiempo y no ha salido”, señala Elvira Montes de Asomontes. “Nosotras estamos detrás de esas viviendas dignas, que nunca hemos podido lograr (…). ¿Qué tenemos que hacer nosotras? ¿Esperar?”, pregunta Silvia Rosa Barrios.
