Reportaje

Es un logro feminista el haber politizado ollas y delantales y poner los cuidados en el centro del debate social

Tras más de una década, el 9 de junio de 2022, el Congreso ratificó el Convenio 189 de la OIT que abre la puerta a que el colectivo de empleadas de hogar tenga los mismos derechos laborales que el resto de trabajadoras y trabajadores en España.

El Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado en 2011. Pero hasta el 9 de junio de 2022 el Congreso no respaldó -casi por unanimidad- que por fin España lo ratificara. Este avance fue posible gracias a las mujeres que, además de limpiar nuestras casas y cuidar de nuestras hijas, hijos y mayores, se han organizado desde lo cotidiano y con una dignidad conmovedora han reclamado sus derechos y también los nuestros: las trabajadoras de hogar y cuidados. Es un logro feminista el haber politizado ollas y delantales y poner los cuidados en el centro del debate social.

El colectivo de trabajadoras de hogar y cuidados en España está formado en un 96 por ciento por mujeres, la mayoría tiene entre 35 y 44 años, la presencia de extranjeras es muy grande y muchas de ellas se encuentran en situación administrativa irregular. Estas mujeres han sabido organizarse, tejer redes de ayuda y solidaridad, visibilizar sus problemáticas y reivindicaciones y entrelazarse con diversos colectivos. Se han convertido en una parte fundamental del movimiento feminista, que ha incorporado sus demandas.

Han sido años tejiendo, articulando colectivos, campañas, congresos y hasta sindicatos. Formando parte del movimiento feminista. Exigiendo políticas públicas que garanticen plenamente la protección y el bienestar de las personas, de manera que no se cargue sobre las espaldas de las trabajadoras, ni sobre las de las personas que los necesitan, el coste de los cuidados. “Los cuidados no son una mercancía más, tienen que ser un derecho para todas las personas”, defienden.

Han sido años de sostenerse, de ayudarse en situaciones límite como la pandemia, de garantizar la salud, la educación y el alimento de sus familias a miles de kilómetros, de compartir saberes, de aportar. “Desde la lástima nada, desde la dignidad todo”, se puede leer en las pancartas que visten sus movilizaciones.

Con la ratificación del Convenio 189 de la OIT se abrió la puerta a que el colectivo de empleadas de hogar tenga los mismos derechos laborales que el resto de trabajadoras y trabajadores en España. Derechos tales como cotizar por desempleo -para acceder a diferentes subsidios-, que se elimine la figura del desistimiento -hasta el momento el empleador no necesitaba causa justificada para despedir a una empleada del hogar, ahora tiene que exponer sus argumentos en una carta, que se convierte en un documento importante en procesos judiciales, por ejemplo-, cotizar por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) en caso de que su empleador sea insolvente o estar incluidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Precisamente en estos momentos se está negociando la nueva regulación de los riesgos laborales en este sector. Las organizaciones de trabajadoras de hogar se han reunido con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y ahora están preparando un documento que recogerá sus principales propuestas para lograr el reconocimiento de las enfermedades propias de las trabajadoras del hogar y los cuidados, que todavía pasan por enfermedades comunes. «El trabajo repetitivo que hacemos nos produce hernias discales, lumbalgia, manguitos rotos, tendinitis en las manos o el síndrome de Túnel Carpiano”, cuenta Rafaela Pimentel, trabajadora de hogar, integrante de Territorio Doméstico y una de las voces de referencia en el sector. Son enfermedades profesionales de las que pocas trabajadoras se libran a partir de los 50 años, incluso antes. “No puede ser que nos obliguen a seguir trabajando en esas condiciones hasta que tenemos 67 o 70 años, hay muchísimas mujeres enfermas, que se tienen que medicar para poder ir a trabajar con dolores, porque no se pueden permitir perder su trabajo», reitera Pimentel.

Proceso

El Real Decreto que reguló el convenio de las trabajadoras de hogar data de 1985. En el año 2012 se encaró su integración en el Régimen General pero no se avanzó como se pretendía. La reforma contemplaba que las trabajadoras de hogar pudieran cobrar el paro y se formó un grupo de trabajo que en un año tenía que diseñar un plan que contemplara la forma legal de conseguirlo. Sin embargo, esto no llegó a cumplirse.

En 2013, el Partido Popular hizo una reforma que acabó con este plan y se redujeron las altas en la Seguridad Social. Ya en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en 2018 se introdujo la enmienda 6777, propuesta por el PP, apoyada por los grupos conservadores y acatada por el PSOE, que postergaba hasta 2024 la equiparación de derechos de empleadas de hogar con el régimen general de la seguridad social –prevista para el 2019-.

Desde entonces los distintos gobiernos no se plantearon cumplir la promesa de equiparar los derechos de este colectivo al resto de las trabajadoras del país, lo cual iba de la mano de la ratificación de convenio internacional 189 OIT. Ellas siguieron peleando por distintas vías, también mediante los tribunales. Y es gracias a uno de estos procesos judiciales, impulsado por una trabajadora de hogar en Vigo, Mariana, que su situación llegó al Tribunal de Justicia europeo, que se pronunció a su favor y en una histórica sentencia reconoció que el Estado español discriminaba a las trabajadoras de hogar al no reconocer su derecho a cobrar el paro.

Esta sentencia del TJUE fue clave para acelerar la ratificación del Convenio 189 de la OIT. La declaración de la Justicia Europea tuvo su eco en los tribunales españoles, que comenzaron a pronunciarse en relación a otros casos particulares de empleadas del hogar.

Así, tras más de una década, el 9 de junio de 2022 se ratificó el Convenio 189 de la OIT en el Congreso y tres meses después, el real decreto-ley fue aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras, y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Concepción de los cuidados

Marisol Castellanos (seudónimo) lleva 18 años trabajando en la misma casa. Hace un año se cayó trabajando y tuvieron que operarla. Su jefa le descontó los días que faltó del sueldo. Su caso sirve para ilustrar las condiciones en las que se ha desarrollado este trabajo desde hace décadas. La labor de las empleadas de hogar es imprescindible para el sostenimiento de un sistema económico, laboral y social que, sin embargo, las invisibiliza y precariza.

Por ello, durante todos estos años, las trabajadoras de hogar y de cuidados organizadas han realizado una labor extraordinaria para reivindicar sus derechos y criticar la invisibilidad de su trabajo. Y han puesto el acento en recordar que “una sociedad no avanza ni garantiza el bienestar de su ciudadanía si establece las bases y el sostenimiento de su riqueza con la opresión de los colectivos más vulnerables, que son realmente la raíz de todo crecimiento y desarrollo de un país”.

Y es que tal y como está organizado el mundo, nadie se responsabiliza de los cuidados, no existe tampoco una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y lo que hacemos en algunos países con economías “más desarrolladas” es lanzar la pelota a las mujeres inmigrantes, que salen de sus lugares de origen porque lo están pasando mal y en muchos casos como consecuencia de la explotación de sus recursos naturales. Estas mujeres sufren, por tanto, una doble explotación.

El chantaje de los papeles

Territorio Doméstico cuenta que hay pocos datos pero que la cifra que se maneja es que el 65% de las mujeres que trabajan en el sector son inmigrantes. Las condiciones impuestas por las políticas migratorias y en concreto por la ley de extranjería, convierten la dependencia de los papeles en un chantaje. Por ello, en muchas ocasiones, las mujeres inmigrantes son las que hacen el trabajo más duro en condiciones inhumanas de falta de descanso, aislamiento social, y a cambio de salarios que no llegan al mínimo en relación a la jornada.

Es el caso de Estefanía (seudónimo). Desde hace tiempo cuida a un anciano, le acompaña al médico, salen de paseo y realiza las tareas en el hogar. Un día mientras estaban en el parque llegó la policía y le pidió la documentación. Ella les explicó que estaba trabajando y que el señor no podía quedarse sólo. Pero a la policía le dio igual y la detuvo. Estefanía pasó tres días en comisaría.

También es la situación que vive Paula (seudónimo). Limpia oficinas y portales, contratada por una de las “plataformas” orientadas a los servicios del hogar que han experimentado un aumento en los últimos años. No tiene papeles y siente que no puede reclamar sus derechos. No puede solicitar vacaciones ni pedir un día para ir al médico.

Las inmigrantes necesitan demostrar tres años de residencia ininterrumpida en España y contar con una oferta de contrato para poder solicitar los papeles por la vía del arraigo social. “En ese tiempo se ven obligadas a soportar condiciones ilegales. Y después los empleadores frecuentemente les obligan a pagar entera o a medias la cuota de seguridad social”, critica Rafaela Pimentel. Añade que “el trabajo interno es en muchas ocasiones la única forma de abrirse camino”.

Es por ello que su postura frente a esta modalidad de trabajo es clara: ni hablar de la abolición del trabajo interno mientras no se revisen cuestiones básicas como la desigualdad, la ley de extranjería, el derecho a la vivienda, a la educación y a la salud. “Mientras no resolvamos a fondo por qué tenemos que venir de nuestros países, no avanzaremos” y “si dejamos a muchas mujeres sin la opción de trabajar como internas, solo las perjudicamos a ellas, es una irresponsabilidad; lo que hay que pedir es que se respeten las condiciones que reconoce la ley”.

“Las personas tenemos que ser cuidadas desde que nacemos hasta que morimos”

Fueron organizaciones como Territorio Doméstico, la Asociación de Trabajadoras de Bizkaia, el Observatorio Jeanneth Beltrán , el colectivo Servicio Doméstico Activo (Sedoac), entre otros, quienes comenzaron a hablar con insistencia de “políticas públicas que garanticen los cuidados como derecho básico universal”, que aseguren su cobertura con criterios de equidad, que impulsen la redistribución de los tiempos de vida laboral y personal para hacer posible una conciliación real, que apliquen medidas concretas y urgentes para integrar los costes de los cuidados en los domicilios como prestaciones del sistema público de atención, favoreciendo empleos de calidad con todos los derechos.

‘El cuidado como complemento a la justicia’

Los cuidados sostienen el mundo.

Su importancia, sin embargo, nunca ha ido acompañada del grado de reconocimiento que merecen, sino que en su lugar siempre han estado invisibilizados, precarizados y sostenidos por millones de mujeres. Todavía el 95% de quienes optan a reducir su jornada de trabajo remunerado por motivos relacionados con el cuidado de niñas y niños, adultos enfermos, personas con discapacidad o mayores, son mujeres.

Gloria Poyatos, fundadora y socia de la Asociación Mujeres Juezas de España, explica que vivimos en un mundo globalizado que equipara el buen aprovechamiento del tiempo con un concepto de “productividad” forjado sin perspectiva de género. Un mundo construido sobre un mercado de trabajo, diseñado en masculino, que ha despreciado históricamente el tiempo dedicado a los cuidados familiares, a los que niega valor social, económico y curricular, a pesar de ser un trabajo imprescindible para la economía, la sociedad y para la vida misma. Un trabajo tan duro como invisible, sostenido sobre las espaldas de las mujeres de todo el mundo, que también encabezan las estadísticas de la pobreza. Unas mujeres que se incorporaron masivamente a un mercado laboral hostil, que las discrimina, precisamente, por no dejar de cuidar.

Sin embargo, para la jueza “la práctica de cuidar no solo es imprescindible para el sostenimiento de la vida cotidiana sino también por los valores y capacidades que fomenta en quienes la desenvuelven, porque lleva consigo el desarrollo de habilidades como el respeto, la comprensión, la tolerancia, la empatía, la paciencia, el compromiso o la responsabilidad, que son una aportación altamente útil para el desarrollo humano y la gestión pacífica de los conflictos”.

En el ámbito judicial, Gloria Poyatos y la Asociación de Mujeres Juezas de España proponen que se tengan en cuenta “criterios de género a la hora de valorar currículums”. “Pedimos que, tanto a ellos y ellas, cuando utilicen permisos para cuidar a familiares, se tenga en cuenta, se haga una valoración objetiva y compute, porque, por ejemplo, gobernar una familia, ocuparse de cuidar a las personas, aporta una serie de habilidades que son necesarias y muy valiosas para tomar decisiones que afectan a grandes colectivos humanos. Es preciso que los altos tribunales cuenten con la representación de las mujeres, porque aportan una sensibilidad y una inteligencia emocional que es necesaria para conseguir la perfección en las decisiones que se tomen”.

Hay que cambiar la ética del cuidado feminizada por la ética del cuidado humanizada, para caminar hacia una sociedad más pacífica e igualitaria, concluye Poyatos.