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Objetivo: silenciar el feminismo. Los hombres que denuncian a las mujeres

Las multas e identificaciones han crecido exponencialmente en los últimos años para las organizaciones y activistas feministas. De igual manera, ha aumentado la violencia política y la violencia verbal y el acoso en lo que ya se denomina machoesfera. El último artefacto para silenciar el feminismo es el uso de las SLAPP, los pleitos abusivos y estratégicos contra la participación pública. Activistas feministas y políticas al frente de los organismos de Igualdad como Pamela Palenciano, Yolanda Domínguez o Sara Carreño, ya se han enfrentado a ellas.

“¿Y si las multitudes de mujeres maltratadas fueran canarios cuyos trinos en las minas de carbón nadie oye? ¿Y si nuestra insensibilización a la omnipresente micromisoginia nos está impidiendo reconocer una crisis en toda regla?” Son preguntas que plantea en su último libro Los hombres que odian a las mujeres Laura Bates, la creadora de la página web “Sexismo cotidiano”. No es la única que alerta sobre lo que Angela McRobbie denomina “la complejización de la reacción” refiriéndose a cómo la respuesta organizada, concertada y conservadora para desafiar las conquistas del feminismo que Faludi explicó en su libro “Reacción” se ha reactivado con la ayuda de la androesfera, también denominada manosfera o machosfera para referirse a todos los foros, plataformas, canales… que aparecieron como ámbitos de relación virtual masculina y se han transformado en lugares violentos de ataque a las mujeres en general y a las feministas en particular. Y, tal como explicara Faludi, las expertas subrayan que no se trata de casos puntuales o aislados, sino que, como indican Asunción Bernárdez y Yanna G. Fraco “podemos sospechar que existe una suerte de organizaciones informales en Internet que practican un activismo controlado, en contra del éxito del feminismo a lo largo del siglo XX”. También el Proyecto UNA, especializado en las guerras culturales, señala en la misma dirección: “Todas las subculturas que funcionaban como refugio de masculinidades tóxicas se revuelven como una bestia herida” y califican la situación actual, de emergencia.

Portada del libro de Laura Bates

En esta compleja reacción han tomado un papel importante las SLAPP, acrónico inglés de Strategic Lawsuits Against Public Participation, es decir, pleitos estratégicos contra la participación ciudadana, demandas abusivas interpuestas con el único objetivo de intimidar y, en última instancia, silenciar. Estas tácticas judiciales – tanto civiles como penales –se basan en estrategias de desgaste e intimidación que pueden durar años. Para quien las sufre son abusos de derecho que implican altos costes procesales, económicos y personales. El abuso ha tomado tal dimensión que el 27 de abril de 2022, la Comisión Europea aprobaba una propuesta de Directiva contra estas demandas abusivas.

Las SLAPP se dirigen contra personas y organizaciones, en la mayoría de los casos periodistas o activistas, en general, defensores de derechos humanos, pero en los últimos años se han convertido en el instrumento más utilizado por la ultraderecha contra las feministas. Así, la Asociación Hispanoamericana de Hombres Maltratados, denunciaba a la actriz y activista feminista Pamela Palenciano y al productor del monólogo contra la violencia de género que desde hace años representa por toda España y Latinoamérica, especialmente para el público joven y adolescente, “No solo duelen los golpes”. La querella aducía un presunto delito de odio hacia los hombres por el contenido del monólogo. La jueza la admitía en agosto de 2021 y declaraba a la asociación como acusación popular. Palenciano se enfrentó a la querella como un ataque al feminismo y su abogada la trató como una SLAPP.

Así, la Audiencia Provincial de Madrid revocó la resolución de la jueza argumentando que la querella no debió admitirse a trámite al no existir indicio de delito. De esta manera cortaban de raíz un procedimiento que tal como señala la Comisión Europea nunca debió iniciarse al tratarse de una querella que tiene como fin acosar, arruinar e intimidar a quienes la sufren. Era la primera vez que un tribunal español aplicaba la doctrina de la Unión Europea en cuanto a medidas anti SLAAP. Subrayar que no debió admitirse a trámite es quizá lo más importante del auto de la Audiencia Provincial puesto que en cuanto se admite, se inicia el descrédito, la publicidad para los litigantes y de alguna manera, la duda sobre la persona denunciada.

Las querellas abusivas tienen un impacto demoledor en quienes la soportan. En su informe, Represión al movimiento feminista en el Estado español (2010-2021), publicado en 2022 por la asociación Calala Fondo de Mujeres y NOVACT, Lara, activista de FEMEN, entrevistada para la realización de este informe, relata lo que supone para el grupo, a nivel psicosocial y judicial, la represión a través de procesos penales y administrativos: “Sobre todo el nivel judicial te genera muchísimo estrés. Lo sufrimos muy en grupo, sobre todo los temas económicos, porque somos activistas y tenemos que ver cómo pagamos las multas. Abogados Cristianos, por ejemplo, pide en sus reclamas las piezas de responsabilidad separadas, que no paguemos como “grupo”, si no que a nivel individual nos hagamos cargo cada una”.

Como señala Civil Liberties Union for Europe (Liberties), una ONG europea que promueve las libertades civiles: “El objetivo de estas acciones jurídicas abusivas no es hacer valer un derecho, sino agotar los recursos, perjudicar la reputación y destruir la vida personal de aquellas personas a quienes van dirigidas. Matthew Caruana Galizia, hijo de la periodista maltesa asesinada Daphne Caruana Galizia, explicó a Liberties, que los SLAPP pueden hacerte la vida «absolutamente imposible». Cuando Daphne fue asesinada tenía 47 juicios por difamación pendientes contra ella, muchos de los cuales se han prolongado incluso después de su muerte contra su familia”.

El 17 de julio de 2019, Yolanda Domínguez, artista feminista, consultora y formadora en igualdad publicó un hilo de 4 tweets cuestionando públicamente que la Universidad Europea Miguel de Cervantes hubiese invitado al youtuber “Un Tío Blanco Hetero” (UTBH) a una mesa redonda sobre feminismo titulada “Feminismos y género en la España de hoy”. En su opinión, contar con una voz antifeminista como parte de una mesa sobre feminismo no representaba la realidad del movimiento y generaba confusión al alumnado. Domínguez conocía a “Un Tío Blanco Hetero” porque había publicado un vídeo sobre ella en 2018 descalificándola, lo que le había generado cientos de comentarios con insultos y amenazas, tales como: “A Yolanda Domínguez hay que matarla”, “Yo opino que hay que prenderla fuego de una plaza pública, así escarmientan todas”, “Putas ganas de meterle una hostia”, “Pártele la cara”, “Feminista buena, feminista muerta”

En noviembre de ese mismo año, “Un Tío Blanco Hetero” demandaba a Yolanda Domínguez por infringir su honor. El Juzgado de Primera instancia estimó parcialmente la demanda en mayo de 2022 y sentenció que esa expresión constituía un daño al honor del youtuber. Tras la sentencia, UTBH continuó publicando 4 vídeos comentándola y burlándose del hecho de que las feministas pretendieran imponer sus “ideas totalitarias” sobre las violencias de género. Domínguez recurrió en apelación esa sentencia y en junio de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid estimaba el recurso de apelación de Domínguez contra la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda interpuesta por “Un Tío Blanco Hetero” e imponiéndole el pago de las costas causadas. A juicio de Yolanda Domínguez, “Un Tío Blanco Hetero”, con esta demanda, pretendía lograr un precedente jurídico que vetara a cualquier mujer llamarle “violento” a él y por extensión, a cualquier hombre, siempre y cuando no existiera contra este, una sentencia condenatoria por violencia de género.

 

La “batalla cultural” está en los tribunales. La litigación abusiva contra las feministas se está utilizando como política comunicativa, descrédito personal para las denunciadas y en general para el movimiento.

 

Sara Carreño, Directora de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, hacía público un comunicado oficial el 23 de junio en el que explicaba que acababa de recibir una citación judicial para un acto de conciliación por intromisión ilegítima en el derecho al honor en nombre de Pedro Fuentes.  Según Carreño, “Fuentes es un conocido promotor de los vientres de alquiler en nuestro país, actual secretario de la asociación “Galehi” y expresidente de “Son Nuestros Hijos”, ambas organizaciones que intentan normalizar y legalizar esta práctica en nuestro país. Asimismo, Pedro Fuentes ha aparecido numerosas veces en medios de comunicación narrando su experiencia como “padre por gestación subrogada”. Fuentes me exige 10.000 euros y una rectificación pública por haber dicho que lo que él llama “gestación subrogada” supone la explotación reproductiva de mujeres y es, simple y llanamente, una compra-venta de bebés.”

Otro litigio en el ámbito del feminismo en el que se apela al honor, a pesar de que la Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, considera la “gestación por sustitución” una vulneración grave de los derechos reproductivos y violencia contra las mujeres y que el Tribunal Supremo califica los contratos de “gestación subrogada” de trato inhumano y degradante, y señala que en estos se trata a mujeres y niños como mercancía.

La “batalla cultural” está en los tribunales. La litigación abusiva contra las feministas se está utilizando como política comunicativa, descrédito personal para las denunciadas y en general para el movimiento y, además, como fórmula para obtener precedentes jurídicos que las disuadan de posicionarse en público y que supongan un respaldo jurídico para posicionamientos contrarios a la legislación de Igualdad.