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Las mujeres encarceladas sufren graves abusos en cárceles de Japón

Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denuncia el trato que sufren las mujeres en las cárceles japonesas. El informe destapa violaciones de derechos humanos y pide a las autoridades japonesas cambios significativos, para proteger los derechos de las reclusas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

Un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denuncia el trato que sufren las mujeres en las cárceles japonesas. El informe destapa violaciones de derechos humanos y pide a las autoridades japonesas cambios significativos, para proteger los derechos de las reclusas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales.

Según el documento de HRW, las mujeres encarceladas enfrentan «graves abusos y malos tratos».

 

Denegación del derecho de las madres de estar con sus hijos

Según datos del Ministerio de Justicia de Japón, entre 2011 y 2017, solo tres mujeres encarceladas que dieron a luz obtuvieron permiso para estar con sus hijos e hijas en prisión, y por un tiempo extremadamente limitado de apenas 12, 10 y 8 días. Generalmente, las y los recién nacidos son separados de sus madres inmediatamente y entregados a familiares o instituciones de cuidado alternativo, negando así el derecho fundamental de las madres de estar con sus hijos.

 

Abuso hacia Mujeres Mayores en Prisiones

Además, el número de mujeres mayores en prisión ha aumentado casi cuatro veces desde 1998, con un 20% de las mujeres admitidas en 2021 mayores de 65 años. Los informes sugieren que los guardias a menudo maltratan a las reclusas de mayor edad.

 

Las mujeres transexuales suelen sufrir daños específicos en las cárceles

La situación de las personas trans en las prisiones de Japón es especialmente preocupante, ya que el sistema penitenciario no reconoce adecuadamente su identidad de género ni apoya sus necesidades de atención médica, incluyendo la negación de tratamientos hormonales necesarios.

La notificación del Ministerio de Justicia enviada en 2011 a todas las prisiones descartaba poner a disposición de las personas transexuales encarceladas el tratamiento hormonal, ya que «no causaría un perjuicio irrecuperable» no proporcionarlo, salvo que exista una necesidad especial.

A esto hay que sumar las condiciones abusivas de confinamiento, el uso arbitrario del aislamiento solitario, el acceso inadecuado a servicios diarios básicos, el abuso verbal por parte de los guardias y la falta de acceso a la atención médica adecuada son problemas generalizados.

A lo largo de las dos últimas décadas, la disminución del número de personal sanitario en las cárceles ha llevado a una negación del acceso oportuno a atención médica esencial y de calidad para las reclusas. Además, los lazos con la comunidad también se ven gravemente afectados por las restriciones a las visitas y otros tipos de contacto con personas fuera de la prisión, lo que complica aún más la reinserción social una vez cumplidas las condenas.